La crisis de la vivienda en España y el decreto que frenaría los desahucios | RTVE Noticias

13 grupos de inversión tienen más de 100.000 viviendas en alquiler. Estos fondos buitre además obtienen más beneficios fiscales cuantas más viviendas tienen. Una persona que se compra su primera vivienda paga más que estos especuladores comprando su quincuagésima vivienda.<br>La constitución lo tiene redactado muy claramente, es obligación del estado y las conunidades impedir la especulación y actuar contra ella mientras no esté garantizado el acceso a la vivienda digna para los ciudadanos. ¿A qué narices esperan para intervenir el mercado, para topar precios y para freír a impuestos a quienes tengan más de dos viviendas?

Tanto al PP como al PSOE le interesa la especulación inmobiliaria, les importa un bledo si ahoga a los españoles y por tanto la vivienda q es un derecho constitucional se convierte en un mero instrumento financiero del que se sirven los fondos extranjeros para invertir y especular.

Hay que tener en cuenta ciertos detalles, la inquilina estaba acogida a un contrato de los tiempos de Paquito, lo cual le permitía traspasar el arrendamiento de padres a hijos y ella se acogió a ese derecho recibiendo el contrato que mismamente tenía su madre.<br>Pero fue en 1994 con la CorruPsoe gobernando cuando se cambió esa ley y ella solo podía permanecer dos años más, cosa que el antiguo propietario no quiso hacer y ponerla en la calle, pero bajo la ley de la CorruPsoe el nuevo propietario hizo lo que la ley le permitía, fin del cuento de que la CorruPsoe es el bueno de la película.

La solución para la vivienda en España es muy fácil: - Dar protección jurídica a los propietarios, esto es, desalojar en menos de un mes a los que no pagan el alquiler; - sacar en menos de 24 horas a los que se meten en las casas de otras personas (los 0CÜPAS); - construir como mínimo las viviendas que necesita el país: un millón como mínimo; - reducir muchísimo los impuestos y plazos para la construcción de viviendas; - declarar suelo urbano listo para construir a terrenos baldíos y agrícolas.

El contrato de renta antigua lo firmó su padre en 1956. Cuando él murió, se subrogó su madre. Cuando ella murió en 2005, Mari Carmen hizo una segunda subrogación. La ley es clara: esa segunda prórroga dura dos años, salvo discapacidad del 65%. Ella tiene el 50%. El Supremo ya se lo dijo. Desde 2007, legalmente, ese contrato no le corresponde.<br><br>Lleva casi 20 años pagando 480 € por un piso de 90 m² en Sainz de Baranda, uno de los barrios más caros de Madrid. Cobra unos 1.400 € de pensión. La casa no es suya. Es de un propietario que compró el edificio, ofreció comprársela, ofreció un alquiler de 1.650 € (el resto del bloque va a más de 2.500) y, ante la negativa, fue a los tribunales. Ganó.<br><br>Cuarto intento de desahucio. Tres veces se ha parado no porque un juez haya cambiado de criterio, sino porque hay suficiente gente en la calle para convertir el cumplimiento de una sentencia en un espectáculo. Eso es lo que fascina: en España, si tienes militancia, cámara y un relato de “ley franquista machista”, cumplir una resolución firme del Supremo se vuelve negociable. Si eres un particular al que le ocupan el piso o un pequeño propietario con un inquilino impago, la ley se aplica a las 8 de la mañana y punto.<br><br>Puedes pensar que el Estado debería haberle dado una alternativa habitacional. Correcto. Eso es política de vivienda, no un cheque en blanco para ocupar indefinidamente un inmueble ajeno a precio de 1956. Puedes pensar que 1.650 € es abusivo. También. Pero eso no convierte a Mari Carmen en propietaria ni anula 20 años fuera de plazo.